por el Arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz José María Arancedo
En el marco del Mes de la Familia quiero referirme a un tema actual que se lo presenta como un derecho, en este caso de la mujer, y que la sociedad debería garantizar con sus leyes. Me refiero al tema del aborto. Creo que todos coincidimos en que estamos ante una situación límite y no querida, entiendo que nadie quiere abortar; pero nadie, tampoco, puede negar actualmente la existencia de una vida nueva a partir de la concepción, es decir, estamos ante un ser vivo que tiene su propia identidad genética.
El embrión no es un fragmento de la madre, es un nuevo ser perfectamente individualizado con su propio ADN. En los modernos sistemas jurídicos, el ADN se ha convertido en la “prueba reina”, para determinar la identidad y los derechos de las personas desde su concepción.
Lo dramático de una situación no puede alterar o desconocer lo que es propio de cada ser en cuanto sujeto de derechos. Para este ser ya concebido su primer derecho es, precisamente, el derecho a la vida. Esto no es quitar un derecho a alguien, sino defender el derecho de alguien.
Hecho que trasciende lo individual
A la sabiduría de la ley le corresponde tutelar esta verdad que hace a la dignidad de todo ser humano. Esto no depende de una creencia religiosa sino de una realidad que, por su misma naturaleza humana y científica, reclama principios éticos que comprometen el ordenamiento jurídico de la sociedad. Estamos ante un hecho que trasciende lo individual o privado, porque está en juego tanto la vida de una persona como la cultura de una sociedad.
No puedo dejar de mencionar el testimonio de alguien que actuó con la serenidad y la firmeza que estos casos reclaman. Se trata de un médico que también es político. Me refiero al Dr. Tabaré Vázquez, presidente del Uruguay.
Al fundamentar su veto a la ley de despenalización del aborto llama la atención sobre un dato que no es menor: “En los países que se ha liberalizado el aborto, éstos han aumentado”, y lo ejemplifica: “En los Estados Unidos, en los primeros diez años, se triplicó y la cifra se mantiene, para concluir, la costumbre se instaló”.
Qué triste e injusto es escuchar: “La costumbre se instaló”, que equivale a decir, se ha instalado una cultura. La ley que penaliza el aborto tiene, por ello, una razón preventiva y pedagógica, en cuanto tutela y defiende el valor de la vida. Por ello va a concluir: “El verdadero grado de civilización de una nación se mide por cómo se protege a los más necesitados”. He querido traer el testimonio de alguien que no habló desde una fe religiosa, sino desde su condición de profesional y de estadista.
Algunos para justificar el aborto sostienen que los embriones son sólo potencialmente humanos. No se puede fragmentar la vida humana, ella debe ser entendida como una totalidad dinámica que supone, tanto una identidad desde el origen como una unidad en su desarrollo, esto lo revela la existencia de un ADN que es único e irrepetible. No se puede decir que lo que aún no ha nacido o no conozco no existe.
Por otra parte, si bien el embrión humano es autónomo desde la concepción, aún no es independiente, es decir, depende del cuidado de su madre o incluso de la sociedad. Esta es su grandeza, pero también su fragilidad. Con sabiduría de estadista, Tabaré Vázquez concluía: “Es más adecuado buscar una solución basada en la solidaridad que permita promocionar a la mujer y a su criatura, otorgándole la libertad de poder optar por otras vías y, de esta forma, salvar a los dos”. Cuando la realidad y el cuidado de la vida no es un límite legal, crece una cultura sin fundamento que hiere al hombre y empobrece a la sociedad.
Fundamento por el no
El aborto, ¿es un derecho? Si partimos del hecho comprobado científica y filosóficamente de que el óvulo fecundado inaugura una vida nueva que ya no es un fragmento del padre o de la madre, debemos concluir que las prácticas abortivas son injustificables e injustas y, por lo mismo, no son un derecho.
Tampoco se puede argüir desde la libertad de decisión de la mujer, porque se viola el derecho de un ser vivo que ya es persona. En nombre de la libertad de quién tiene poder y voz, no se puede negar el derecho de quién no tiene la posibilidad de hacerse oír.
Aquí entra el sentido y la finalidad de la ley, como un principio de equidad que debe regir la vida de la sociedad. Por ello: “Un Estado que se arrogue el derecho de definir qué seres humanos son o no sujetos de derechos, y que, en consecuencia, reconozca a algunos el poder de violar el derecho de otros a la vida, contradice el ideal democrático. En efecto, aceptando que se violen los derechos del más débil, acepta al mismo tiempo, que el derecho de la fuerza prevalezca sobre la fuerza del derecho” (Ratzinger J. “La sacralidad de la vida humana”).
Me permito sugerir la lectura de un pequeño libro que ha publicado el equipo de Pastoral Familiar de nuestra Arquidiócesis, y que lleva como título: “La vida humana en sus inicios: el problema del aborto y sus desafíos”.
Creo que tanto legisladores y políticos, como los simples ciudadanos, debemos asumir este tema con la responsabilidad cívica y moral que ello implica. Lo que está en juego son principios y comportamientos que hacen tanto al respeto por la vida naciente, como al nivel de una cultura que privilegia el primer derecho de todo ser vivo, el derecho a la vida.
Fuente: El Litoral 6/10/10
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